EL PAÍS DE LAS MUJERES ESTERILIZADAS

La paciente que vio su mutilación

–Por Alejandra Ballón–

A mediados de los años noventa, el horror usaba bata quirúrgica en los Andes del Perú. La señora Zobeida Camizán lo comprobó el trágico día en que llegó al Centro de Salud I de Ramón Castilla, un centro poblado de la región Piura, al norte del país. Camizán, quien tenía 29 años y cinco hijos, se acercó intrigada por que había una inusual actividad. Cuando llegó, los médicos de ese centro la interceptaron para someterla a una operación. Ella se escabulló hacia el exterior, pero las enfermeras la atraparon y la regresaron por la fuerza. Insistió, le dijo a los médicos que no quería operarse, pero ellos decidieron por ella. Allí le tomaron muestras de sangre y le realizaron exámenes médicos. Nadie le explicó en qué consistiría la operación y ella, que no sabía leer, tampoco firmó un papel de consentimiento. Solo recordaría que, mientras la operaban, vio por el espejo como le sacaban ‘unos pedacitos’ del vientre. Le habían practicado una mutilación. Con el tiempo empezó a sentir malestares que no tenía, ahora ya no puede cargar leña ni cosechar trigo ni aporcar papa ni deshierbar maíz. Es una de las más de 12 mil víctimas de esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado como parte de una política de control demográfico. Fue víctima de un presunto bien superior. Ahora se sabe que fue un crimen de lesa humanidad.

La insólita investigación preliminar más larga de la historia

–Por Fabiola Torres–

Entre los récords que se podría atribuir al sistema judicial peruano hay una causa que involucra a un expresidente y permaneció catorce años en investigación preliminar: el programa masivo de esterilización forzada promovido por el régimen de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. A lo largo de ese tiempo, fue archivada parcialmente hasta en cuatro oportunidades. La última ocurrió en diciembre de 2016. Según la fiscal Marcelita Gutiérrez, a cargo del caso, solo se logró establecer violaciones a los derechos humanos en siete de las 2,166 personas identificadas como víctimas. Sin embargo, el tiempo no había borrado todas las evidencias. En abril de 2018, el fiscal superior Luis Landa ordenó a Gutiérrez incluir en su denuncia penal a Fujimori y tres de sus exministros de Salud como coautores de una política pública que ocasionó lesiones graves a miles de mujeres en el país. La fiscal Gutiérrez, recordada por haber calificado como lesiones simples un caso de tortura a una mujer trans por parte de policías, pasó más meses sin cumplir esta resolución. La denuncia final tardó casi veinte años.

Un diente es la prueba de un crimen.

–Por Melissa Goytizolo–

En la cultura de ciertos pueblos amazónicos, las mujeres siguen la tradición de triturar con la boca los alimentos que van a dar a sus nietos cuando cumplen los nueve meses de edad. El procedimiento convierte a sus molares en instrumentos claves de supervivencia. La señora Teolinda Rojas, miembro del pueblo shipibo, perdió esa posibilidad el día en que una comitiva de personal médico llegó desde lejos a la comunidad de Paoyhan, en la región Loreto. Venían del Hospital de Contamana, a cinco horas por río. Rojas fue llevada con engaños a la posta: los enfermeros le dijeron que, si no se sometía a una esterilización, le iban a quitar a sus siete hijos. Una vez allí la amarraron y la esterilizaron bajo presión. Poco después fue obligada a pasar a otra sala, donde también le sacaron el diente sin explicación. Las estadísticas de violaciones a los derechos humanos no incluyen listas de molares arrancados, pero deberían incluir este caso: a esta mujer no solo la dejaron estéril, también le quitaron el alma del cuerpo.

Nadie Olvida a sus verdugos.

–Por Ana Muñoz–

Hay un nombre que Berta Mouri no olvida: Flor de María. Así dijo llamarse la enfermera que la llevó en bote desde la comunidad nativa de Santa Rosa de Tamañatipishka hasta el hospital de Masisea en donde fue esterilizada en 1995. Entonces tenía 19 años y cuatro hijos. Le habían dicho que si tenía un hijo más padecería cáncer y que su marido la abandonaría. La memoria es elástica: aunque no recuerda otros nombres, nunca olvidó que los médicos hicieron bailar a otras mujeres que lloraban por no poder salir del hospital. Berta no tuvo más hijos, pero sí tuvo cáncer después de la ligadura. Otras tres mujeres de su comunidad, esterilizadas el mismo día, murieron por lo mismo. Nadie olvida al autor de una profecía que parece una maldición.

Las Mujeres eran fértiles como la tierra.

–Fotos Liz Tasa–

A inicios de los años 90 se elaboró un Plan Nacional de Población que señalaba a las mujeres de la sierra y la selva por tener una tasa de fecundidad dos veces mayor que las de Lima. El documento planteaba como meta reducir la tasa de fecundidad a 2% anual, lo que suponía bajar el promedio de nacimientos a 3.3 hijos por mujer hacia mediados de esa década. En 2002, la subcomisión del Congreso que investigó el caso declaró probado que entre 1990 y 1999 el Gobierno aplicó la esterilización a 314,605 mujeres y 24,563 hombres.

La víctima se llamaba Confesora.

–Por Alejandra Ballón–

La mayor paradoja en un caso de abuso es que la víctima se llame Confesora. Una mañana de 1996, en un caserío de Piura, una mujer con ese nombre fue sometida a esterilización forzada con la anuencia de su esposo. Confesora no quería tener hijos, pero su esposo sí. Por eso, ella rechazó la propuesta de los servidores de salud que la buscaron para proponerle que se sometiera a la ligadura de trompas promovida por el Estado. Ante su negativa, los agentes buscaron a su esposo, un hombre llamado Flavio Lo encontraron en un bar y pasado de tragos. En esas condiciones, lo convencieron de firmar el consentimiento informado. A la mañana siguiente, cuando despertó, Flavio se arrepintió, pero ya era tarde: Confesora había sido esterilizada. Quedó tan afectada que ni siquiera puede practicar el callwa, una técnica precolombina de tejido que debía legar a sus hijos. El esposo tiene otra pareja, pero a ella solo le queda una cicatriz y un trauma.

Alerta de Crimen en el Capitolio.

–Por David Hidalgo–

En la segunda mitad de los años noventa, el médico peruano Héctor Chávez Chuchón se presentó ante el Congreso de Estados Unidos para denunciar un crimen masivo ocurrido en el Perú. En esa época, Chávez era presidente de una federación que agrupaba a 200 médicos de tres regiones andinas y había recibido la información de que colegas suyos de Huancavelica, la zona más pobre del país, estaban siendo obligados a esterilizar mujeres y hombres por la fuerza. Según los galenos denunciantes, el gobierno les había impuesto cuotas mensuales de personas a operar: los médicos nombrados, que gozaban de estabilidad laboral, tenían que practicar la ligadura de trompas a un mínimo de dos mujeres; los contratados, cuyo vínculo es temporal, al menos a tres. Todos debían conseguir las pacientes necesarias a costa de jugarse el puesto si no cumplían. Chávez hizo público el caso ante la prensa. Poco después fue contactado por una misión del Capitolio que llegó a Lima para investigar los hechos y su posible vínculo con EE.UU. El médico fue invitado a contar los detalles en Washington. La sesión del subcomité que lo recibió fue tensa: se discutió si fondos públicos de ese país habían servido para financiar abusos a los derechos humanos. La ciencia, ya se sabe, no siempre causa el efecto deseado en la política. A su regreso, Chávez fue despedido junto con su esposa, odontóloga del mismo hospital. Ni siquiera cuando tiempo después llegó a ser congresista logró que se sancionara a los responsables. Pasarían veinte años antes de que una denuncia fiscal señalara a los principales sospechosos del crimen. A veces la justicia parece un experimento clínico fallido: mientras más tarda su efecto menos alivio trae.

Cirujanos estrenaron videoteca de la crueldad.

–Por Fabiola Torres y Mayté Ciriaco–

En la mañana de octubre de 1996, las enfermeras y el médico del centro de salud de Huaytará, un pueblo en las alturas de la región Huancavelica, operaron a una paciente llamada Juana Rosa Ochoa Chira, de 27 años. En la premura por ligarle las trompas, le perforaron el intestino grueso. Luego se fueron a celebrar que habían cumplido su cuota de esterilizaciones. La paciente estuvo sola toda la madrugada, presa de un insoportable dolor en el vientre y vómitos. Nadie se percató porque todo el personal de salud estaba de fiesta. A la mañana siguiente, el médico Percy Inga San Bartolomé solo ordenó que le colocaran un supositorio y se fue sin dejar más indicaciones. Treinta y ocho horas después, Ochoa murió de una peritonitis. La prueba del crimen salió de sus propios agresores: habían grabado un video de la cirugía antes de irse a celebrar.

El último rincón del miedo parece una cabaña tranquila.

Las esterilizaciones forzadas se practicaron en centros de salud como este, en Pampaconga, Cusco. También se realizaron presuntos festivales en los que se orientaba a privilegiar la llamada ‘anticoncepción quirúrgica voluntaria’ (AQV). Entre 1996 y 1998, al menos 18 personas murieron a consecuencia de las cirugías forzosas practicadas como parte del Programa Nacional de Planificación Familiar impulsado por el régimen de Alberto Fujimori. De acuerdo a un informe del Congreso, las muertes se produjeron en las siguientes regiones: Áncash (1), Huancavelica (2), La Libertad (2), Piura (3), San Martín (2), Ayacucho (1), Cajamarca (1), Ica (1), Loreto (1), Lima (3), Lambayeque (1).

La amistad es el cuerpo del delito.

–Por Melissa Goytizolo y Fabiola Torres–

Una mañana de setiembre de 1996, el profesor Arturo Inuma dejó la comunidad shipiba Nueva Betania, asentada a lo largo del río Alto Ucayali, junto a un amigo enfermero que le pidió acompañarlo hasta la ciudad de Pucallpa. El recorrido en bote terminó en el hospital regional. Una vez allí, el amigo desapareció y un médico se acercó a Inuma para decirle que le harían una vasectomía. “Yo no estaba enfermo, no entendía qué significaba eso y me negué”, recuerda. Cinco personas lo agarraron para ponerle la anestesia. En seguida fue sometido a la operación. También fue obligado a firmar una hoja en blanco, que luego fue convertida, a sus espaldas, en un formulario de presunto consentimiento informado. La ficha es insólita: consigna que lel profesor Inuma acepta la operación para él “o su menor hijo”. El maestro indígena tenía 27 años y su vida en pareja se desmoronó después de este terrible episodio. La madre de sus tres hijos lo abandonó porque el profesor sintió que su vida sexual ya no era la misma. Hasta la fecha, con su nueva esposa, Arturo Inuma, se siente incompleto. “Tuve por años mucha vergüenza, pero no fue mi culpa. Quiero justicia”, dice. El enfermero que se había ganado su confianza era en realidad un reclutador de personas para someterlas a esterilizaciones forzadas. Nunca más apareció por Nueva Betania.

Las cicatrices de la barbarie no se borran.

Cicatriz de una ligadura de trompas en una mujer campesina de Cusco. Las secuelas físicas de las esterilizaciones forzadas han causado sufrimiento por décadas a las víctimas. Muchas presentan intenso dolor en el vientre, pérdida de fuerza, dolores de cabeza o malestar general, además de secuelas psicológicas como la depresión.